A finales del siglo XIX, por las presiones del sector vinícola francés, como también por un cambio de paradigma en la producción del vino, las administraciones públicas españolas comenzaron a darse cuenta de la necesidad de regular la producción de este y plantearon medidas sanitarias, con visos de mejorar la calidad del vino y acabar con su adulteración. Estas prácticas se asumieron como necesarias a lo largo del siglo XX.