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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido hoy el Comité de Dirección del departamento para fijar las líneas del “Plan de trabajo para 2026”, marcado por la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA), que recoge el desarrollo de gran parte de la política ministerial agraria y pesquera en un contexto caracterizado por la situación geopolítica, el cambio climático y la sanidad agroalimentaria. La Política Agraria Común y la Política Pesquera Común serán dos protagonistas indiscutibles en este año. España luchará por mantener la esencia de estas políticas como motor de construcción comunitaria y elementos claves para la modernización sectorial. A nivel legislativo están sobre la mesa en 2026 dos importantes proyectos: el de ley de control e inspección pesquera -ya en trámite parlamentario- y el de ley de agricultura familiar y profesional. En los próximos meses verá la luz el Plan de medidas para reforzar la gastronomía española en el mundo y desde el ministerio se hará un especial seguimiento a la situación de los mercados internacionales influidos por la política de aranceles para minimizar el impacto en las exportaciones -España es una potencia agroalimentaria exportadora, la cuarta mayor de la Unión Europea y la séptima del mundo-. Además, se prestará especial atención a la evolución de las enfermedades animales y se continuarán con las gestiones para mantener la confianza de los mercados que apuestan por la calidad y fiabilidad de los productos agroalimentarios españoles. El cambio climático es uno de los factores con mayor incidencia en la producción agroalimentaria y pesquera. El ministerio continuará con las políticas para impulsar los regadíos sostenibles, la preservación de unos suelos sanos y vivos, la protección de la biodiversidad y la conservación del paisaje agrario, como unas de las claves para garantizar el relevo generacional y el futuro del sector agrario en el mundo rural. Los seguros agrarios, que en este 2026 consolidan el incremento del 10 % del presupuesto del pasado año hasta los 315 millones de euros, continuarán como una herramienta fundamental para proteger la renta de los agricultores y ganaderos. El futuro reglamento de las nuevas técnicas genómicas será también decisivo en este año para avanzar en el uso de soluciones innovadoras y tecnológicas que mitigarán el impacto del cambio climático y favorecerán el incremento de la rentabilidad del sector agrario.